Memoria, democracia y gestión cultural

Bajo el título “La memoria como política pública” el diario El País de España publica una nota firmada por Ricard Vinyes cuya lectura conlleva varios debates para nosotros, hispanohablantes herederos de violencias dictatoriales varias casi tanto como de estrambóticas aventuras vanguardistas.
La Argentina no escapa a estos debates históricos sino más bien es un caso paradigmático. Nuestros casi dos siglos de historia como estado independiente están cargados de muerte, persecuciones, violencias simbólicas y de las otras como los que más.
Todavía hoy, por caso, discutimos si una plaza o una escuela pueden llevar el nombre de Pedro Eugenio Aramburu quien se alzó en armas contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en 1955. Y no sólo porque luego fuera asesinado por la guerrilla en 1970 – cuando gobernaba la Argentina otra dictadura – sino porque hay quienes consideran que Aramburu:

“Presidente de la Nación durante un gobierno de facto, situado en el centro mismo de episodios políticos turbulentos, la imagen que perdura de él es la de un hombre público profundamente identificado con el ideal republicano. A diferencia de otros generales que accedieron al poder por la vía irregular del golpe de Estado, Aramburu no tenía el más mínimo rasgo que recordara a un militar autoritario. Al contrario, tenía los modales -y la convicción- de un auténtico demócrata.” Según sostuvo hace unos años Bartolomé de Vedia en una nota publicada por el diario La Nación.

Por supuesto hay muchos otros componentes para este debate pero, desde nuestra profesión, cave hacerse una pregunta por el lugar de la gestión cultural en la construcción de la memoria colectiva. Y en esto creo que la nota del diario El País puede acercarnos algunas ideas.

“… el esfuerzo de una parte de la ciudadanía para conseguir relaciones sociales equitativas y democráticas, los valores de esos procesos de democratización, la práctica violenta de las dictaduras y el terror del Estado para impedirlos, constituyen un patrimonio, el patrimonio ético de la sociedad democrática. El reconocimiento de ese patrimonio y la demanda de transmisión del mismo instituye la memoria democrática, y la constituye en un derecho civil que funda un ámbito de responsabilidad política en el Gobierno: garantizar a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho con una política pública de la memoria, no instaurando una memoria pública. La primera, la política pública, debe ser garantista, proteger un derecho y estimular su ejercicio. La segunda, la memoria pública, se construye en el debate político, social y cultural que produce la sociedad en cada coyuntura, y una de las funciones de la política pública es garantizar el acceso de la ciudadanía a la confección de la memoria pública.”

Aquí aparecen dos ámbitos diferentes desde los cuales la gestión cultural actúa para la construcción de la memoria colectiva:
- Desde el estado, en cualquiera de sus niveles; por un lado garantizando el acceso de toda la sociedad a la construcción, conservación, difusión y debate de la memoria colectiva, por el otro promoviendo valores y prácticas hacia la mayor convivencia posible dentro del orden democrático. Dos límites claros: ni puede sancionarse una memoria única y obligatoria, ni puede haber convivencia alguna con las variopintas dictaduras que nos han asolado.
- Desde la sociedad civil exigiendo al estado que cumpla con sus deberes y estimulando a la sociedad al debate, la participación y la construcción de sus propios relatos sectoriales en el marco de la cultura común. Afirmar los propios valores en legítima convivencia con otros colectivos. La memoria también defiende intereses y es válido hacerlo a condición de ser explícitos: decir que la gestión cultural ejercida desde una empresa defiende los intereses de esa empresa es una obviedad. Pero en el ejercicio de construir una memoria sectorial también suelen defenderse intereses políticos e ideológicos y a veces económicos y no siempre esto se hace explícito.
No hace mucho leí en algún lado la existencia de un centro cultural que llevaba el nombre de Mario Roberto Santucho. No conozco la experiencia de modo que simplemente planteo las cuestiones derivadas del nombre.
Líder guerrillero de la Argentina de los años 60 y 70 que muriera asesinado por un grupo de tareas de la última dictadura militar. Y que también se alzó en armas contra el gobierno constitucional entre 1973 y 1976.
¿Qué valor cultural reivindican quienes promueven su figura? ¿Sus aportes como intelectual marxista? ¿Su resistencia a la dictadura de 1966-1973? ¿Su alzamiento contra un gobierno constitucional?
Desde la sociedad civil es válida la reivindicación de toda figura y experiencia a condición de honestidad en cuanto al valor cultural que se está reivindicando. Y es obligación del estado garantizar ese derecho.
Pero ¿Puede el estado reivindicar a quienes se han levantado contra las instituciones democráticas? Y, aunque no sean dos demonios simétricos, da lo mismo que uno sea conservador y otro marxista.
Creo que fue Borges quien calificó a la memoria como “esa curiosa falla del olvido”. La gestión cultural debe empujar esa falla y ensancharla tanto como sea posible en aras de una memoria multicultural que nos abarque a todos y todas las habitantes de ese cierto espacio social e histórico al que habitualmente llamamos cultura.
Pero una cosa es apuntalar la memoria a fuerza de debates, conocimiento, investigación y difusión de las experiencias colectivas y otra, muy distinta, hacerlo mediante paradigmas intencionalmente recortados.